Crisis de representación y falsificación de la democracia mediante mecanismos espurios de supuestas controversias científicas
19 de diciembre de 2014
Por María E. Argeri
Representar es ligar un compromiso; es accionar en virtud de la voluntad popular; es plasmar la decisión de los electores en una institución pública o en un espacio o sección electoral estatal, ya sea municipal, provincial o nacional. Representar es entonces consolidar un vínculo en estrecha unión con los representados, en la medida que los electos ya en ejercicio asumen a la totalidad de los votantes, antes que a su propia persona y a su propio partido.. Y los representan tanto si le han votado y le han colocado en el cargo, como si han votado a otros candidatos. En este sentido el vínculo de representación es una obligación política que en su correcto funcionamiento, profundiza los procesos democráticos, pacifica las comunidades y desarrolla vocaciones cívicas republicanas.
Pero ésta no es la realidad del presente –tampoco en los municipios de nuestra Cuenca del Claromecó- en la que se ha fracturado el vínculo de representación, ya sea por imposición generalizada de la práctica de lobby empresarial, por la pérdida de voluntad cívica en buena parte de la dirigencia política local o por imposición de nuevas leyes de dudosa correlación republicana como ha sido la que ha quitado responsabilidad civil a los funcionarios, trasladando las demandas al derecho administrativo. En conjunto estas acciones y otras muchas y variadas omisiones han puesto en crisis nuestras democracias.
Habituados como estamos a suponer que el quiebre institucional se deba solo a los golpes de Estado manu militari, nos hemos descuidado de otros mecanismos cotidianos igualmente nefastos que, tanto en municipios como en las provincias y en la administración central, han tronchado nuestro sistema institucional dejándonos a merced de una alarmante y escandalosa privatización de lo político a manos de grandes transnacionales y sus diferentes subsidiarias que operan en el país.
El camino para privatizar lo político se ha estructurado tanto en base a la denominada “responsabilidad social empresaria” –que permite trasladar dinero libremente para comprar conciencias, dictar cursos, monopolizar la educación ambiental, hacer obras públicas y fungir de poder municipal paralelo- como a la estrecha injerencia de las empresas en las universidades y centros de investigación, donde forman staff de técnicos, redactan los proyectos de futuras leyes e imponen planes de estudio, política de becas y agendas de investigación. Todos mecanismos casi desconocidos por el conjunto de la ciudadanía, para cuyos integrantes el único dispositivo de quiebre institucional se relaciona con los golpes militares.
Pero, muy a pesar de esa imagen dicotómica -que opone democracia vs golpes de Estado- debemos remarcar que existen, al menos, tres instancias de degradación y pérdida de legitimidad en los sistemas republicanos. Como ya sabemos, la primera de ellas son los golpes militares. La segunda se corresponde con la degradación social total o parcial por una guerra civil. Mientras la tercera instancia sobreviene cuando los representantes se niegan a representar a sus electores, al tiempo que de tanto fastidiarse frente a los sucesivos reclamos les convierten –ya sea en sus propias palabras o en auxilio de los textos que difunde la prensa- en un conjunto de potenciales y reales “vecinos molestos”, capaces de “arruinarles” la gestión y la deliberación en el día a día.
En efecto, cuando estamos frente a esta tercera instancia de deslegitimación de las estructuras republicanas y democráticas, los funcionarios se molestan si los electores piden diálogo. Por eso mismo gestionan para no oírles, mientras ellos están dedicados a pergeñar una corta o extensa red de negocios de diferente capital y alcance en las decisiones locales, nacionales o globales. Este es el dispositivo por excelencia de la privatización de lo político. De ahí que cualquiera medida que se corresponda con un ejercicio democrático -otrora original y consuetudinario respecto de la costumbre de peticionar ente las autoridades-, la dirigencia local se molesta y tensiona de tal modo el vínculo de representación que se suceden situaciones de violencia real o solapada, como por ejemplo:
1) incomprensión ciudadana debido a una extraordinaria acumulación de mentiras, doble discursos y operaciones de prensa y en redes sociales con la única finalidad de confundir,
2) incomunicación entre funcionarios y electores por uso indiscriminado del discurso abstracto para distorsionar la realidad concreta y cambiarla virtualmente, aunque las evidencias sean demasiado contundentes. En este sentido la virtualidad ha hecho “desaparecer” proyectos que siguen ejecutándose aunque el pueblo los suponga extinguidos,
3) generación de escenarios estrafalarios y rocambolescos en los que se suman personas que están en el proyecto y otras personas ajenas al mismo, y cuyo único resultado es el aplazamiento de las decisiones hasta que exista una ocasión más favorable, sin conflictos visibles y manifiestos..
A todo ello y por influjo de las grandes transnacionales extractivistas –que han perforado la soberanía territorial de los Estados- en anuencia con los poderes nacionales y provinciales, se suma una cuarta modalidad de camuflaje. Los representantes comunales ya desesperados y acorralados, sin capacidad de respuesta posible, piden auxilio al staff científico técnico de las empresas para que vengan a los pueblos a quebrar la voluntad de los vecinos. También recurren a funcionarios provinciales y nacionales que integran alguna oficina dedicada supuestamente a la preservación del medioambiente, espacio que a su vez se encuentra a mitad de camino entre la función pública y la solidaridad de la red empresarial.
Pero ni los unos –los técnicos de empresas-, ni los otros –los funcionarios también aquejados por idéntico mecanismo de cooptación y lloby- han sido electos por el voto popular. De modo que encontramos aquí un derrape político. En efecto, los interlocutores que eligen nuestros concejales, intendentes, gobernadores y legisladores y colocan frente a los electores, no están avalados por la legitimidad de la representación. Así se ha ido solapando la responsabilidad de los representantes y distorsionando los mecanismos reguladores de la democracia representativa.
Ahora bien, esta recurrencia constante a colocar técnicos de empresas frente a las demandas ciudadanas y vecinales se lleva a cabo mediante los siguientes supuestos:
1) la verdad que nutre la toma de decisiones solamente puede ser aportada por técnicos y científicos, provistos por las empresas y círculos de investigación afines
2) en los mecanismos de representación, el representante se obliga a accionar “religiosamente” según la opinión de los técnicos.
Estas dos premisas se sostienen sobre un modo bastante chabacano de entender la verdad. Condición que anula sin más el mecanismo de la representación, impidiendo a los electores manifestar su voluntad y su decisión.
Pero en aquellas localidades o municipios en los que los vecinos en general o grupos de vecinos organizados en asociaciones se ponen a la altura del debate científico y técnico, inmediatamente el poder comunal y sus concejales giran el argumento propiciando que “la verdad se encuentra fragmentada” y es necesario que ellos se pongan a mediar entre las “muchas campanas que se escuchan”. Quizás sea este argumento el más cínico, nefasto y tramposo, de todos los tiempos posteriores a los jueces inquisitoriales.
No se puede confundir, al mismo tiempo, dos, tres o diez niveles de debate. En estos casos la verdad no se encuentra fracturada en varias opiniones, sino que lo fracturado son los andariveles de intereses diferentes que, la dirigencia política hace confundir y confrontar adrede, para ocultar la realidad, embrollar y desprestigiar, de modo que la verdad política permanezca oculta bajo tres capas o mantos de confusión.
En primer lugar y por derecho no pueden sentarse en el mismo nivel “a determinar la verdad” unas empresas transnacionales -cuya expectativa y acción se sustenta en la ganancia global y generación de espirales financieras -y unas comunidades cuya voluntad es conservar los acuíferos para poder permanecer y existir, sostener sus pequeñas y medianas empresas locales dedicadas a rubros tradicionales, o preservar el paisaje y el estilo de vida.
En segundo lugar y teniendo en cuenta que los debates por la verdad se deben hacer dentro de un mismo plano y lógica, las empresas bien pueden -si es su gusto- colocar a sus economistas y contadores en un debate público para que los profesionales confronten conocimiento y estrategias en virtud de las ganancias y expectativas financieras. Todo ello sin mezclar clavos con melones, o techos con pelotas de tenis. Es decir, sin mezclar a la ciudadanía en esos asuntos, salvo como curiosos espectadores.
En tercer lugar, la verdad científica nunca puede ser combinada con una expectativa de acción pública comunal y mucho menos confundir la ciencia con la denominada razón instrumental, instancia en la que la vocación de conocimiento es abortada por la utilidad de algunos resultados bien seleccionados. Pero si existiera verdad científica fragmentada respecto de un tema o problema corresponde generar un debate entre especialistas, según las normas tradicionales de la academia. En estos casos, siempre y cuando se vea afectada, la ciudadanía puede permanecer resguardada en el principio precautorio, o desentenderse de los resultados, por haberse negado a realizar alguna innovación o cambio de matriz productiva.
Por tanto nos queda ahora libre y despejada la cuarta posibilidad de desvelar la verdad. Se trata de la verdad política. Esta posibilidad nos obliga a colocar sobre la mesa de discusión a los representantes y sus representados, sin la interferencia de los técnicos y científicos, sin las presiones de la ganancia empresarial y financiera, y sin que los amanuenses de la prensa o amigos escribas intenten entorpecer y mediar, lo que debe poner en acto el ejercicio de la representación: los representados y los representantes frente a frente en un diálogo sincero. De modo que si los intereses de los unos y los otros no son los mismos -o si pudiesen existir “”verdades contrapuestas”- quede en evidencia la irresponsabilidad y renunciamiento al deber de parte de los representantes. En la política no hay profusión de verdades; hay vínculos, hay obligaciones, hay deberes. Y todo ello se ajusta o se desajusta según la institucionalidad, las costumbres y las leyes.
Sabemos a ciencia cierta que en los espacios comunales vivimos los vecinos y en tanto ciudadanos construimos la democracia y la república en el día a día. De allí nuestra consigna: Aquí vivimos, nosotros decidimos. Y esas decisiones deben ser recogidas y ejecutadas por nuestros representantes en virtud de los compromisos democráticamente contraídos.
de: https://www.facebook.com/pages/Gapta/362811037100385
Representar es ligar un compromiso; es accionar en virtud de la voluntad popular; es plasmar la decisión de los electores en una institución pública o en un espacio o sección electoral estatal, ya sea municipal, provincial o nacional. Representar es entonces consolidar un vínculo en estrecha unión con los representados, en la medida que los electos ya en ejercicio asumen a la totalidad de los votantes, antes que a su propia persona y a su propio partido.. Y los representan tanto si le han votado y le han colocado en el cargo, como si han votado a otros candidatos. En este sentido el vínculo de representación es una obligación política que en su correcto funcionamiento, profundiza los procesos democráticos, pacifica las comunidades y desarrolla vocaciones cívicas republicanas.
Pero ésta no es la realidad del presente –tampoco en los municipios de nuestra Cuenca del Claromecó- en la que se ha fracturado el vínculo de representación, ya sea por imposición generalizada de la práctica de lobby empresarial, por la pérdida de voluntad cívica en buena parte de la dirigencia política local o por imposición de nuevas leyes de dudosa correlación republicana como ha sido la que ha quitado responsabilidad civil a los funcionarios, trasladando las demandas al derecho administrativo. En conjunto estas acciones y otras muchas y variadas omisiones han puesto en crisis nuestras democracias.
Habituados como estamos a suponer que el quiebre institucional se deba solo a los golpes de Estado manu militari, nos hemos descuidado de otros mecanismos cotidianos igualmente nefastos que, tanto en municipios como en las provincias y en la administración central, han tronchado nuestro sistema institucional dejándonos a merced de una alarmante y escandalosa privatización de lo político a manos de grandes transnacionales y sus diferentes subsidiarias que operan en el país.
El camino para privatizar lo político se ha estructurado tanto en base a la denominada “responsabilidad social empresaria” –que permite trasladar dinero libremente para comprar conciencias, dictar cursos, monopolizar la educación ambiental, hacer obras públicas y fungir de poder municipal paralelo- como a la estrecha injerencia de las empresas en las universidades y centros de investigación, donde forman staff de técnicos, redactan los proyectos de futuras leyes e imponen planes de estudio, política de becas y agendas de investigación. Todos mecanismos casi desconocidos por el conjunto de la ciudadanía, para cuyos integrantes el único dispositivo de quiebre institucional se relaciona con los golpes militares.
Pero, muy a pesar de esa imagen dicotómica -que opone democracia vs golpes de Estado- debemos remarcar que existen, al menos, tres instancias de degradación y pérdida de legitimidad en los sistemas republicanos. Como ya sabemos, la primera de ellas son los golpes militares. La segunda se corresponde con la degradación social total o parcial por una guerra civil. Mientras la tercera instancia sobreviene cuando los representantes se niegan a representar a sus electores, al tiempo que de tanto fastidiarse frente a los sucesivos reclamos les convierten –ya sea en sus propias palabras o en auxilio de los textos que difunde la prensa- en un conjunto de potenciales y reales “vecinos molestos”, capaces de “arruinarles” la gestión y la deliberación en el día a día.
En efecto, cuando estamos frente a esta tercera instancia de deslegitimación de las estructuras republicanas y democráticas, los funcionarios se molestan si los electores piden diálogo. Por eso mismo gestionan para no oírles, mientras ellos están dedicados a pergeñar una corta o extensa red de negocios de diferente capital y alcance en las decisiones locales, nacionales o globales. Este es el dispositivo por excelencia de la privatización de lo político. De ahí que cualquiera medida que se corresponda con un ejercicio democrático -otrora original y consuetudinario respecto de la costumbre de peticionar ente las autoridades-, la dirigencia local se molesta y tensiona de tal modo el vínculo de representación que se suceden situaciones de violencia real o solapada, como por ejemplo:
1) incomprensión ciudadana debido a una extraordinaria acumulación de mentiras, doble discursos y operaciones de prensa y en redes sociales con la única finalidad de confundir,
2) incomunicación entre funcionarios y electores por uso indiscriminado del discurso abstracto para distorsionar la realidad concreta y cambiarla virtualmente, aunque las evidencias sean demasiado contundentes. En este sentido la virtualidad ha hecho “desaparecer” proyectos que siguen ejecutándose aunque el pueblo los suponga extinguidos,
3) generación de escenarios estrafalarios y rocambolescos en los que se suman personas que están en el proyecto y otras personas ajenas al mismo, y cuyo único resultado es el aplazamiento de las decisiones hasta que exista una ocasión más favorable, sin conflictos visibles y manifiestos..
A todo ello y por influjo de las grandes transnacionales extractivistas –que han perforado la soberanía territorial de los Estados- en anuencia con los poderes nacionales y provinciales, se suma una cuarta modalidad de camuflaje. Los representantes comunales ya desesperados y acorralados, sin capacidad de respuesta posible, piden auxilio al staff científico técnico de las empresas para que vengan a los pueblos a quebrar la voluntad de los vecinos. También recurren a funcionarios provinciales y nacionales que integran alguna oficina dedicada supuestamente a la preservación del medioambiente, espacio que a su vez se encuentra a mitad de camino entre la función pública y la solidaridad de la red empresarial.
Pero ni los unos –los técnicos de empresas-, ni los otros –los funcionarios también aquejados por idéntico mecanismo de cooptación y lloby- han sido electos por el voto popular. De modo que encontramos aquí un derrape político. En efecto, los interlocutores que eligen nuestros concejales, intendentes, gobernadores y legisladores y colocan frente a los electores, no están avalados por la legitimidad de la representación. Así se ha ido solapando la responsabilidad de los representantes y distorsionando los mecanismos reguladores de la democracia representativa.
Ahora bien, esta recurrencia constante a colocar técnicos de empresas frente a las demandas ciudadanas y vecinales se lleva a cabo mediante los siguientes supuestos:
1) la verdad que nutre la toma de decisiones solamente puede ser aportada por técnicos y científicos, provistos por las empresas y círculos de investigación afines
2) en los mecanismos de representación, el representante se obliga a accionar “religiosamente” según la opinión de los técnicos.
Estas dos premisas se sostienen sobre un modo bastante chabacano de entender la verdad. Condición que anula sin más el mecanismo de la representación, impidiendo a los electores manifestar su voluntad y su decisión.
Pero en aquellas localidades o municipios en los que los vecinos en general o grupos de vecinos organizados en asociaciones se ponen a la altura del debate científico y técnico, inmediatamente el poder comunal y sus concejales giran el argumento propiciando que “la verdad se encuentra fragmentada” y es necesario que ellos se pongan a mediar entre las “muchas campanas que se escuchan”. Quizás sea este argumento el más cínico, nefasto y tramposo, de todos los tiempos posteriores a los jueces inquisitoriales.
No se puede confundir, al mismo tiempo, dos, tres o diez niveles de debate. En estos casos la verdad no se encuentra fracturada en varias opiniones, sino que lo fracturado son los andariveles de intereses diferentes que, la dirigencia política hace confundir y confrontar adrede, para ocultar la realidad, embrollar y desprestigiar, de modo que la verdad política permanezca oculta bajo tres capas o mantos de confusión.
En primer lugar y por derecho no pueden sentarse en el mismo nivel “a determinar la verdad” unas empresas transnacionales -cuya expectativa y acción se sustenta en la ganancia global y generación de espirales financieras -y unas comunidades cuya voluntad es conservar los acuíferos para poder permanecer y existir, sostener sus pequeñas y medianas empresas locales dedicadas a rubros tradicionales, o preservar el paisaje y el estilo de vida.
En segundo lugar y teniendo en cuenta que los debates por la verdad se deben hacer dentro de un mismo plano y lógica, las empresas bien pueden -si es su gusto- colocar a sus economistas y contadores en un debate público para que los profesionales confronten conocimiento y estrategias en virtud de las ganancias y expectativas financieras. Todo ello sin mezclar clavos con melones, o techos con pelotas de tenis. Es decir, sin mezclar a la ciudadanía en esos asuntos, salvo como curiosos espectadores.
En tercer lugar, la verdad científica nunca puede ser combinada con una expectativa de acción pública comunal y mucho menos confundir la ciencia con la denominada razón instrumental, instancia en la que la vocación de conocimiento es abortada por la utilidad de algunos resultados bien seleccionados. Pero si existiera verdad científica fragmentada respecto de un tema o problema corresponde generar un debate entre especialistas, según las normas tradicionales de la academia. En estos casos, siempre y cuando se vea afectada, la ciudadanía puede permanecer resguardada en el principio precautorio, o desentenderse de los resultados, por haberse negado a realizar alguna innovación o cambio de matriz productiva.
Por tanto nos queda ahora libre y despejada la cuarta posibilidad de desvelar la verdad. Se trata de la verdad política. Esta posibilidad nos obliga a colocar sobre la mesa de discusión a los representantes y sus representados, sin la interferencia de los técnicos y científicos, sin las presiones de la ganancia empresarial y financiera, y sin que los amanuenses de la prensa o amigos escribas intenten entorpecer y mediar, lo que debe poner en acto el ejercicio de la representación: los representados y los representantes frente a frente en un diálogo sincero. De modo que si los intereses de los unos y los otros no son los mismos -o si pudiesen existir “”verdades contrapuestas”- quede en evidencia la irresponsabilidad y renunciamiento al deber de parte de los representantes. En la política no hay profusión de verdades; hay vínculos, hay obligaciones, hay deberes. Y todo ello se ajusta o se desajusta según la institucionalidad, las costumbres y las leyes.
Sabemos a ciencia cierta que en los espacios comunales vivimos los vecinos y en tanto ciudadanos construimos la democracia y la república en el día a día. De allí nuestra consigna: Aquí vivimos, nosotros decidimos. Y esas decisiones deben ser recogidas y ejecutadas por nuestros representantes en virtud de los compromisos democráticamente contraídos.
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