CUANDO FALTABAN MENOS DE 24 HORAS PARA QUE SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN DE BALNEARIOS, LA JUSTICIA HIZO LUGAR A UNA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR EL CEODECO, Y DETUVO “SINI DIE” UN PROCESO SUMAMENTE TURBIO QUE ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL TURISMO GESELINO.A mediodía del miercoles parecía que un rayo paralizador hubiese caído sobre la Municipalidad.
A esa hora llegaba desde Dolores la noticia de que la Justicia había dispuesto detener la licitación de las Unidades Fiscales de Playa, que al día siguiente debía consumarse con la apertura de sobres. Ya para ese entonces se había cobrado mas de 500 mil pesos en la venta de pliegos, y entre estudios de abogados y arquitectura, casi todos amigos, mas que ese número, pero en dólares. Se hablaba a viva voz, en cuanto corrillo se armara cerca del edificio comunal, de inexplicables aportes por casi otra millón de dólares. Era lógico entonces que los nervios ganaran a los hombres del Intendente.
Otra vez al doctor Marcelino Escobar le tocó meterse a corregir lo que los propios geselinos no podemos arreglar entre nosotros y que es, precisamente, nuestro principal y casi único recurso de vida: la playa. Ante una presentación de Eduardo Cobos, en su carácter de vecino de la Villa, el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores dictó una resolución sumarísima, deteniendo el proceso licitatorio y ordenando a la Intendencia que presente la documentación legal que avale la licitud de lo encarado.
En una extensa fundamentación (*), Escobar entiende razonable lo planteado por el Ceodeco, en el sentido de que no se ha hecho prácticamente nada de lo debido y se han burlado en profundidad normas vigentes, desprotegiéndose los intereses de los vecinos de la Villa.
Basten como ejemplos el despropósito de aumentar el número de balnearios en las zonas de mayor erosión, la no difusión del cacareado Estudio de Impacto Ambiental, con el que se ha jugado al misterio permanente, el acortamiento de los plazos para la compra de pliegos y la presentación de las ofertas, el poder discrecional para definir los ganadores, la superposición de unidades fiscales, etc.
No hay dudas de que todo era susceptible de sospechas y que lo que mejor podría pasar es volver a fojas cero e iniciar, con seriedad, todo el proceso de nuevo. Pero no es menos cierto y mas ideal que, primero, se conociera la verdad de lo que sucedió con todo este proceso, que de estar dormido pasó a tener una velocidad de concreción que, incluso, omitió los tiempos legales.
Se habla con descaro de la casualidad de que todas las presentaciones cayeran en casi los mismos estudios, tanto de abogados como de arquitectos, y que algunos de ellos estuvieran directamente vinculados a funcionarios de la Gestión. Se dice que ese camino que debían recorrer los oferentes, entre amigos del poder, tenía sus altos costos sin muchas explicaciones. ¿Qué pasará ahora con esos billetes verdes que no están documentados en lado alguno?
Esto se escuchaba preguntar a muchos de los decepcionados inversores, algunos de los cuales, con cierta ingenuidad, creían en que todo sería limpio y de igual a igual, cuando era otro secreto a voces quienes serían seguros ganadores de determinados balnearios. Son ahora, quizás, los más desprotegidos.
La única duda es por qué la Gestión hizo todo tan mal, debiendo saber sus funcionarios con largos años de experiencia que esto debía chocar en la Justicia. Hay apenas dos tres formas de entender esto: la desesperación por la caja navideña, la confianza en la impunidad permanente, y la enorme soberbia que los envuelve.
Apenas un día antes de la resolución de Escobar, un hombre muy cercano a Erneta se jactaba de que nada podía pasar: “Tenemos gente en todos los juzgados”, fanfarroneaba muy seguro.
Parece que no era en todos.
Martín Olivera
(*) la justicia ordenó al municipio parar la licitación de balnearios
El juez Escobar dispuso, con carácter de sumarísimo, detener la apertura de los sobres de las Unidades Turísticas Fiscales que debía realizarse hoy. El letrado pidió un parate hasta poder analizar la cuestión de fondo, entendiendo que puede estar perjudicándose el medio ambiente de la Villa.
Ante una presentación realizada por el titular del CEODECO, Eduardo Cobos, denunciando que con la licitación de marras se contrariaban ordenanzas anteriores y se creaban más balnearios que los autorizados, en especial en las zonas más erosionadas, al tiempo que no se había permitido la participación ciudadana ni se había publicado el necesario Estudio de Impacto Ambiental, la Justicia paró el proceso licitatorio, desnudando las serias irregularidades del proceso y dejando al intendente Jorge Rodríguez Erneta y sus asesores en una más que incómoda posición.
En los autos y vistos, el Juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar destaca algunos puntos de la presentación del CEODECO, como la modificación de la Ordenanza 2050 en cuanto a que se agregan más Unidades Turísticas Fiscales, haciendo notar que dicha ampliación no cuenta en forma visible con un Informe de Impacto Ambiental.
Desde Médanos adelantábamos hace tres semanas que el expediente estaba incompleto. Es más, los pocos vecinos que pudieron acceder al Estudio de Impacto Ambiental lo hicieron después de que fue cerrado el Registro de Observaciones.-
Escobar agrega que “… ante dicha circunstancia, el CEODECO habría recabado informes en el Concejo Deliberante….no se encontraría ningún Decreto que aprobara un informe de Impacto Ambiental….lo único presentado seria un trabajo efectuado por la consultora “Ambiente y Territorio S.A”en el que en ningún momento se hablaría de la factibilidad de instalar 29 nuevas Unidades…”.En esta cuestión hicieron hincapié al momento del debate los concejales del Acuerdo Cívico y Social.
El juez dice mas adelante que “…aparece de dicho informe – por le contrario- que establecería una zona critica entre la calle 301 y el Paseo 138 siendo que en esta zona ya existirían 17 U.T.F., haciendo un total de 30 unidades en la zona de mayor erosión”. A esta zona la Empresa Territorio y Ambiente la califico de alta vulnerabilidad. Los Concejales del Intendente desoyeron esta circunstancia, pese a ser advertidos por los Concejales del Acuerdo Cívico y Social.
Mas adelante el magistrado de Dolores señala que “…se habría procedido irregularmente en relación a la ubicación de las U.T.F. a licitar, en punto a la ausencia de mecanismos de participación ciudadana violando el derecho a la información….”. Este aspecto fue observado por los Concejales de la minoría, la SOFO de Mar de las Pampas, los Vecinos Autoconvocados por el Medano Costero, etc.
LA CONTRACAUTELAR
Ahondando en el asunto, Escobar se expresa en cuanto a la posibilidad de que la Municipalidad presente una contracautela, y en los considerandos, la descarta de plano ya que de dar lugar el Juez a la petición de la Municipalidad, podría levantarse en forma inmediata la Medida cautelar que el propio Juez dictó.
En el considerando IV, el doctor Escobar, fundado en un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, considera que “hablar de contracautela en un amparo ambiental este es de ir de lo simbólico , hasta lo efectivamente ilusorio…estas medidas deben dictarse en base a un pormenorizado análisis…”. O sea que hasta que la Municipalidad no aporte toda la información y esta este de acuerdo con lo que dicta la Ley, es bastante difícil aventurar un rápido levantamiento de la medida.
El juez también advierte que: “… he de ponderar, por una parte el potencial perjuicio que podría ocasionar la afectación descripta, no solo por los vicios denunciados en el procedimiento mismo de sanción de las Ordenanzas en crisis…”. Le será muy poco posible a la Gestión Erneta demostrar que en el Concejo Deliberante al momento de la sanción de las Ordenanzas estaba toda la documentación requerida por ley.
Finalmente el juez Escobar resuelve hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Sr. Eduardo Cobo, ordenando a la Municipalidad de Villa Gesell, a que proceda a la inmediata paralización del llamado a Licitación realizado mediante Ordenanzas 2346 y 2347.
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25/11/2010
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