la voz del pueblo - 07/04/2013
Desarchivando ordenanzas
Escribe Alejandro Vis
Más que reclamo, tuvo el tono de una queja. Firme y dura, es cierto. Con el valor de haberla pronunciado en el momento indicado, en presencia del intendente Carlos Sánchez. Seguramente es más fácil expresar la crítica en otras circunstancias, en el propio bloque ante los medios de comunicación, "jugando de local". Pero la concejala radical María Marta Naveyra planteó la situación con la que discrepa en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, ante la mirada de Sánchez, sobre quien dijo: "No nos hace muy fácil la tarea, porque con su solo arbitrio decide cuál ordenanza poner en práctica y cuál no. En todo caso, tiene un mecanismo legal que lo habilita, que es el veto, el cual no lo utiliza". Por si quedaran dudas sobre su pensamiento, agregó que "simplemente, cuando la norma no le gusta, no la cumple ni tampoco la hace cumplir".
El intendente tomó nota del cuestionamiento y al iniciar su intervención, se comprometió a revisar en los próximos sesenta días las ordenanzas que no están siendo aplicadas. La reacción tiene importancia porque se trata en algunos casos de normas que desde hace mucho tiempo esperan por su implementación. Una de ellas incluso impulsada por el propio Ejecutivo municipal, como la reforma en la composición del Consejo Asesor de Claromecó, organismo que tiene una larga inactividad y no cuenta con fecha cierta de reinicio de sus tareas.
0-0-0-0
Entre las ordenanzas no aplicadas, se encuentra la sanción a los padres cuando sus hijos menores de 18 años produzcan desórdenes, consuman bebidas alcohólicas, participen en hechos vandálicos o generen desmanes en lugares públicos. Fue sancionada en agosto de 2010 y consiste en multas, así como la asistencia obligatoria a talleres y reuniones que considere el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Uno de los distritos que lleva adelante esta medida es Saladillo.
También permanece sin ejecución el presupuesto participativo, una práctica que ha sido defendida especialmente desde el bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista. Su aprobación tuvo lugar en noviembre de 2010 "con la finalidad de ampliar los mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión pública del distrito". Establece la intervención de vecinos en la definición de obras prioritarias en cada barrio, con recursos provenientes del presupuesto municipal.
En un debate que organizó el Instituto Superior N° 33 entre los candidatos a intendente el 3 de octubre de 2011, ante una crítica puntual sobre este tema, Sánchez indicó que "entrará en vigencia el año que viene". Será otra de las ordenanzas que -de acuerdo a su compromiso- se deberán evaluar en los próximos dos meses.
En similar sentido, el 6 de mayo de 2010 el Concejo Deliberante aprobó el proyecto para crear en la página de Internet del municipio el Sistema de Información Ciudadana. Es una norma operativa, por lo cual no requiere de reglamentación. Uno de los principios en que se basa esta iniciativa es que "la información pública pertenece a los ciudadanos y los órganos y entes municipales son sólo sus administradores". Describe un amplio detalle de datos de interés para los ciudadanos que deben formar parte de la página web o estar al alcance de quienes los pidan en la comuna; hasta el momento y transcurridos poco menos de tres años, no han sido incorporados.
Un ejemplo más reciente queda en evidencia en el Consejo Asesor de Claromecó, que se integró en sus primera etapa a partir del voto de los vecinos. El 28 de junio de 2012 se convirtió en ordenanza un proyecto del Ejecutivo para suprimir la elección popular de los miembros del organismo y reemplazarla por otro sistema, que le otorga al intendente la facultad de elegir entre candidatos propuestos por las instituciones. Sólo tres enviaron postulantes, mientras que dos se excusaron -la Sociedad de Fomento de Claromecó y la cooperadora de la Escuela 11- por estar en desacuerdo con la metodología. Más allá del escaso interés, no hubo nuevas reuniones o convocatorias para intentar involucrar a más entidades y hacer realidad la modificación que solicitaron las propias autoridades municipales.
Se trata de cuatro ejemplos, dentro de una nómina más amplia, que demuestran los motivos de las palabras de Naveyra. Surge a partir de la respuesta de Sánchez la oportunidad de poner sobre la mesa cada caso y aspirar a lograr que -como corresponde- se cumplan, quizás de ser necesario con alguna adecuación, todas las ordenanzas. De lo contrario, se convierten en letra muerta, en buenas intenciones que no inciden en nada en la vida de los tresarroyenses, y se desvirtúa la función de un órgano que tiene que contribuir -a través del debate y el control- al equilibrio de poderes en el ámbito político local.
No hay comentarios :
Publicar un comentario