condena por apremios ilegales

lu24 - 14/03/2012
Condenaron a 5 años de inhabilitación a un efectivo policial por apremios ilegales

Un efectivo que se desempeñaba en la Comisaría de Claromecó en el año 2010 fue condenado por el Juez Correccional de nuestra ciudad a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por un hecho de apremios ilegales ocurrido en febrero de ese año.

Se trata del oficial Ángel Edgardo Aguirre Reta, mientras que otros dos efectivos de la ciudad de Azul fueron absueltos en la causa.

LA SENTENCIA COMPLETA

“Con fecha 12 de marzo del corriente año, el Juzgado en lo Correccional de Tres Arroyos, a cargo del Dr. Gabriel Giuliani resolvió dictar sentencia luego del debate Oral y Publico realizado en la Sala de Juicios Orales sito en calle 25 de mayo nro. 162, absolviendo a Silvio Martínez y a Gustavo Mauna, efectivos policiales oriundos de la ciudad de Azul, cumpliendo a la fecha del hecho ilícito funciones en el Operativo Sol en la localidad de Claromecó, por no haberse probado el delito de vejaciones, previsto y reprimido en el art. 144 bis inc. 2 del Código Penal.

Asimismo, resolvió condenar al efectivo policial Ángel Edgardo Aguirre Reta, por el delito de Vejaciones a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de cinco años, con más el pago de las costas irrogadas en el proceso, por hallarlo autor penalmente responsable, en perjuicio de Marcos Mongi.

Los hechos debatidos fueron denunciados como acaecidos el día 11 de febrero del año 2010 en la localidad de Claromecó en perjuicio de Marcos Mongi, quien diera aviso a la policía de la presunta comisión de un hecho ilícito, momento después en los cuales fuera aprehendido, trasladado y golpeado en la sede de la comisaría de Claromecó por una persona de sexo masculino, quien se encontraba cumpliendo funciones como oficial inspector en dicha dependencia policial.

En la sentencia se detalló: “No puedo dejar de valorar a favor de la hipótesis sostenida por la Acusación , tanto pública como privada, el sumario que por Averiguación de Identidad fue confeccionado en la sede de la dependencia policial de la vecina localidad balnearia. Con ello, se pretendió justificar el traslado y presencia de la víctima a la sede de la Comisaría de policía de Claromecó en calidad de detenido. Mal podía pretenderse la averiguación de identidad de la misma, cuando en realidad fue puesto de resalto durante el transcurso del debate que Mongi era conocido no sólo en el resto de la comunidad de Claromecó sino también por los funcionarios policiales, ya que se desempeñaba como “cartero o repartidor de correspondencia”, habiendo concurrido en varias ocasiones a dicha repartición. Debe destacarse que pese a la plena vigencia de Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos que castigan conductas como las aquí descriptas y dadas por probadas, de jerarquía constitucional desde el año 1994, en pleno siglo XXI y luego de haber pasado algo más de quince años desde su sanción se efectúen prácticas que lejos están de lograr una legal colaboración para llegar a una investigación eficaz, y mucho menos una prevención delictual que colabore con la seguridad pretendida por los ciudadanos, sobre todo cuando quien padeciera de los golpes policiales fuera quien pusiera en alerta a los funcionarios policiales sobre la comisión de un hecho ilícito. Es decir, Mongi puso en conocimiento de los funcionarios policiales que se estaba cometiendo un presunto hecho ilícito en las inmediaciones del parador “ La Barra ” en Claromecó, es decir, en un lugar que en época estival se advierte una circulación importante de gente y pese a ello fue traslado y detenido en la sede policial del lugar donde recibió fuertes golpes en las distintas partes del cuerpo, tal como fuera acreditado por el certificado médico respectivo, incorporado por su lectura al debate…”.-